La Ley General de Cultura Física y Deporte no establece disposiciones claras que regulen el uso de dinero público para financiar equipos de futbol profesional

Entre 2010 y 2014, los gobiernos estatales, municipales, organismos descentralizados y universidades inyectaron dinero público a equipos de las cuatro divisiones que conforman el futbol mexicano, con un crecimiento del 52% en este periodo. En 2010 se documentaron apoyos a 31 equipos y para 2014 eran 47 equipos financiados, de acuerdo con una investigación de nuestro compañero Iván Pérez, publicada en El Economista.

“Al menos 14 gobiernos estatales y 27 municipios están involucrados directamente con el futbol profesional, eso sin contar con los recursos que se utilizan en algunas universidades públicas”, agrega la investigación.

El principal problema, de acuerdo con especialistas, es que la Ley General de Cultura Física y Deporte no establece disposiciones claras que regulen el uso de dinero público para financiar equipos de futbol profesional. Mientras que los gobiernos (estatales y municipales) argumentan que “invertir en un equipo de futbol tiene su ventaja en los grandes beneficios sociales”.

Así lo señaló en el 2014, Óskar Rosales, entonces síndico de Cuautla, que operaba completamente al Club de Arroceros.

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El Artículo 30 de dicha Ley señala como atribuciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) el órgano rector del deporte a nivel federal: “fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte”.  

Sin embargo, estos equipos se caracterizan por tener problemas administrativos, operan con pérdidas y además carecen de recursos suficientes para ser competitivos. Además que utilizan recursos que podrían ser canalizados a rubros prioritarios en sus comunidades en lugar de mantener equipos de futbol.

También hay equipos que pertenecen a universidades públicas, que en algunos casos recibían dineros públicos. Estos Clubes descendieron por falta de recursos para competir o crearon figuras para recibir financiamiento privado que les diera solvencia financiera.

Intentos de regulación

En un evento público realizado en Jalisco el 20 de febrero de 2018, el entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Decio de María, habló de la intención de los dueños del futbol profesional de dejar de recibir dinero público para el funcionamiento de sus equipos, porque la situación se había salido de control en el periodo anteriormente señalado.

El argumento no era el de liberar recursos para utilizarlos en temas prioritarios sino promover la paridad. Los directivos establecen que esta situación era un privilegio solo para algunos equipos.

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“El futbol profesional es de empresas privadas y  algo que se trata de regular de una forma clara es tener reglas iguales para todos. Creo que si el deporte profesional es un negocio de inversionistas privados, deben ser los propios privados quienes generes sus recursos para desarrollar el proyecto. Hay algunos gobiernos que le han invertido a ciertos equipos y eso no es fair play, porque hay otros que no tienen esa misma posibilidad. Ese es uno de los capítulos que el Comité de Desarrollo Deportivo está trabajando”.

Decio de María

“Si a uno le dan y a otro no, no es un fair play financiero para los que están invirtiendo en esta industria”, agregó.

Sin embargo, desde ese día, el asunto no se ha vuelto a tratar de manera oficial por los dirigentes de nuestro balompié. Por lo que hasta ahora no está claro como se restringirá el uso de dinero público para financiar equipos en el futbol mexicano.